Autoridades estadounidenses registraron  180.000 hectáreas afectadas en territorio colombiano por este cultivo en 2016. Una cifra que deja al país como el primer productor de hoja de coca, seguido por Perú y Bolivia.

Colombia está en medio del boom cocalero “quizá más grande que nunca”. O por lo menos así lo asegura un informe de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), publicado en marzo de este año. A raíz de esto, el tema de los cultivos ilícitos que inundan los campos colombianos ha vuelto a ser el centro de la opinión pública y muchos desde el Gobierno Nacional intentan explicar el fenómeno o proponer soluciones. Sin embargo, aún no se han hecho los esfuerzos necesarios para cortar el problema de raíz.

“El mundo de las drogas se compone de narrativas. Muchas de ellas con intenciones políticas o estratégicas que han sido legitimadas por lo que hoy se conoce como la posverdad, y eso siempre ha funcionado”, afirma Ricardo Vargas Meza, sociólogo y ex director de Acción Andina Colombia, quien trabajó en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Vargas es autor de numerosas publicaciones sobre la siembra y erradicación de la hoja de coca y es quizá uno de los hombres con más conocimiento sobre drogas en el país. ‘Punto y Aparte’ lo entrevistó para buscar respuestas sobre el incremento de estos cultivos.

En medio de las diferentes versiones que  intentan explicar el incremento en la siembra de este cultivo, que ha vuelto a dejar al país como el mayor productor de cocaína en el mundo -pues tan sólo el año pasado las autoridades incautaron 379 toneladas de droga, más del doble de lo incautado anualmente entre 2010 y 2014 –, ha tenido especial relevancia lo dicho por la canciller María Ángela Holguín.

La ministra aseguró ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que los cultivadores de coca aumentaron la siembra con el objetivo de recibir más beneficios por parte del Estado, en el marco de la etapa de sustitución de cultivos del posconflicto.   

Sin embargo, expertos como Vargas, afirman que esta versión es “espuria” e “ingenua”, pues se asume que los campesinos están gastando dinero de su propio bolsillo para sembrar estos cultivos a la espera de beneficios que, según él, nunca han llegado. Pues lo que se ha visto a lo largo de los años en la lucha contra las drogas y en la erradicación de cultivos ilícitos es que el Estado es un “incumplidor” en este tipo de programas.

Francisco Giraldo, coordinador académico de la facultad de economía de la Universidad Externado de Colombia, afirmó en entrevista con ‘Punto y Aparte’ que lo más probable es que sí exista un incentivo de obtener algún beneficio por parte de los campesinos al tener cultivos de coca y entrar en un proceso de negociación. Pero este es un incentivo perverso, pues no se midieron las consecuencias y ahora los cocaleros están haciendo lo que cualquier persona racional haría.

Por su parte, Vargas también asegura que se han dejado a un lado las principales causas que han ocasionado el aumento de estos cultivos, centrándose en factores secundarios que han sido amplificados por miembros del gobierno e incluso por organizaciones internacionales.

En primer lugar, los esfuerzos institucionales en la guerra contra las drogas han estado focalizados en el mercado norteamericano, ignorando la importante demanda que viene desde Europa occidental y oriental, Asia, Australia y África. Además de una importante incidencia del narcotráfico colombiano en Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. Este panorama internacional representa un estímulo determinante para la siembra de cultivos ilícitos en el país.

Sin embargo, hay más. Vargas argumenta que desde la muerte de Pablo Escobar, en 1993, las organizaciones del narcotráfico no han vuelto a ser golpeadas y, por el contrario, estas se han aliado exitosamente con varios grupos armados ilegales, empeorando el conflicto armado colombiano. De esta forma, miles de campesinos han sido desplazados de sus hogares en una guerra por el territorio, que luego se usa para el negocio de la cocaína.

Giraldo también advirtió que mientras se mantenga una política de represión que genere altos precios y que esté orientada por los Estados Unidos, habrá producción de coca aquí o en cualquier otro país del mundo.  

Mientras se buscan respuestas que ayuden a entender el incremento de cultivos ilícitos en el país, otros se lanzan a proponer soluciones para aliviar el problema. Por supuesto, todas planteadas desde una narrativa particular. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, propuso en 2016 volver a fumigar los cultivos por medio de aspersiones aéreas con glifosato y así  frenar el aumento de cultivos de coca, aún después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que esta sustancia era cancerígena.

No obstante, Vargas cree que esta narrativa es “extremadamente simple”, pues si se mira hacia atrás las fumigaciones con glifosato sólo evitan que salgan al mercado “una o dos cosechas” y, por el contrario, estimulan nuevas áreas ilegales para reponer las pocas cosechas perdidas.

Es necesario entonces que se impulse la economía campesina, que se creen fondos o accesos a créditos para apoyar los proyectos y el desarrollo de los cultivadores, y que se garantice la seguridad y autonomía en el manejo de cultivos legales que puedan llegar a exportarse. Además, académicos como Giraldo afirman que es indispensable buscar mecanismos para legalizar el consumo y hacer que los precios de la coca se reduzcan, pues esto ayudaría a desincentivar los cultivos de coca.

Por ahora, Vargas asegura que la estructura del narcotráfico en Colombia se mantiene intacta y que “lo que el Gobierno tiene que hacer, no lo está haciendo”, pues, según él, el Estado se ha dedicado a solucionar lo urgente, sin esforzarse por hacer que la coca deje de ser una alternativa para la gente.  

Lo que hay que hacer para evitar que los cultivos ilícitos en el país sigan aumentando no es simple, pues es un problema que se ha venido fortaleciendo con los años y al cual se le han sumado nuevos actores. No obstante, su solución puede resumirse en una frase: dejar de atacar la oferta y concentrarse en problemas estructurales. Es decir, reconocer que hay un problema social de base en la política rural colombiana y que este es el principal motivo por el cual los campesinos siguen viendo los cultivos de coca como una opción para su subsistencia.

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