La situación de violencia hacia los líderes sociales en Colombia expone un complicado fenómeno sociopolítico.

Cada vez aumenta el número de asesinatos de personas que defienden los derechos humanos y se dedican al activismo en medio de esta etapa de paz y transición. Por un lado, se presenta un panorama nacional de violencia que se quiere transformar y al mismo tiempo aumentan los ataques contra personas que de alguna u otra forma desarrollan actividades en defensa de los derechos comunes y de la paz.

Aunque el gobierno no ha presentado una postura radical frente a esta situación, muchos sectores del país luchan por encontrar medidas que le hagan frente a este alarmante panorama. Una de las más solicitadas es la presencia del Estado y el fortalecimiento de estructuras de dialogo que permita incluir a todos los actores del conflicto del país.

Punto y Aparte habló con uno de los asesores legislativos de la implementación del proceso de paz en el Congreso, Agustín Jiménez,  quien señaló que este fenómeno podría representar una complicación para este momento determinante de postconflicto en Colombia.

¿A qué responde el fenómeno de líderes sociales asesinados en Colombia?

 En mi opinión esto corresponde a una acción premeditada y trabajada desde grupos de poder que pretenden con esto borrar hacia a futuro los liderazgos sociales que les pueden disputar, tanto asuntos importantes como medio ambiente, recursos naturales y tierras como el proceso de participación política.

Hay una intención clara de generar temor y generarle crisis al proceso de paz aumentando con esas acciones la desconfianza en las poblaciones en las verdaderas vocaciones del país.

 La lectura que hace el gobierno, ¿es coherente con la realidad en los territorios?

El gobierno sabe que hay grupos al margen de la ley conformados por personas armadas y no armadas  que pretenden el control territorial y de los espacios políticos. Son grupos que tienen características paramilitares. Se cree que algunos de ellos tienen relaciones con las esferas de poder económico e incidencia territorial.

Sin embargo, el gobierno no hace una lectura próxima a la realidad, pues niega la existencia del paramilitarismo y así pretende evitar todo esto. Pero en la práctica se ve que estos grupos se autodenominan paramilitares actúan como tal y tienen los mismos objetivos que los grupos paramilitares desmontados del país. Por lo tanto, es claro que son fracciones que están llenando los espacios dejados por otras agrupaciones armadas, con la intención de bloquear el triunfo de la democracia en este tiempo posterior al proceso de paz.

Esto ¿qué representa para el Acuerdo de Paz y para las FARC? 

Es la peor amenaza del proceso de paz. Precisamente, una de las altas responsabilidades que ha tenido el Estado colombiano a través del acuerdo es la necesaria garantía de seguridad para las personas que se van a involucrar o reincorporar en la vida política y civil del país. Los que hemos desarrollado la exigencia de derechos y la acción política en medio del conflicto, sin tener las armas y sin ser parte de ningún grupo al margen de la ley estamos en riesgo y no se nos protege la vida. Entonces, quienes han Estado con las armas pueden tener mucha preocupación sobre las capacidades del Estado en relación a este tema. Además,  la situación con el ELN se podría complicar debido a la posible desprotección e incumplimiento de las garantías frente a esos sujetos.

Es inevitable pensar este suceso como un hecho parecido al exterminio de la Unión Patriótica (UP) tras el fallido proceso de paz del presidente Belisario Betancur en 1984.  ¿Es incorrecto entenderlo así?

Todo tiene elementos que nos podrían señalar que podríamos estar en coincidencia con esa situación. El hecho de que en menos de nueve meses vayan más de 120 líderes asesinados preocupa mucho. De todas maneras, aspiramos a que la conclusión e implementación de los acuerdos ayude y afine los mecanismos de protección y que la sociedad se prepare para hacer un rechazo total a esta situación. Que no quede así,  espacio político y social para ese tipo de actuaciones y eso evite que se configure una situación igual a la UP.

Córdoba y Cesar son zonas de mayores homicidios al igual que Antioquia, Valle del Cauca y Caquetá, además, son zonas de presencia histórica de las Farc, ¿qué relación se establece?

Las zonas donde el conflicto armado era más fuerte y la presencia de los grupos guerrilleros era más fuerte, también son sectores en los cuales hay debates y conflictos sociales por el tema de los derechos y los recursos naturales, debido a esto se acentúa más esta situación en esos lugares.

Por lo tanto, esas regiones deben tener un especial tratamiento para evitar que en este momento de transición algunos actores se aprovechen y saquen a otros que considerar, pueden tener ventajas en el proceso posterior a la paz. Una de las mejores medidas que existen para solucionar este problema es el dialogo y así demostrar que los conflictos pueden encontrar fin.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestiona la falta de acción frente a este asunto. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno u organismos independientes? 

Se le ha solicitado al gobierno que comience el proceso de aumento de presencia del Estado, no del cuerpo militar, sino del Estado civil en las zonas más azotadas por este fenómeno. Además, que empiece a generar confianza en la población. Demostrar que hay gobernabilidad, que hay posibilidades de solucionar los problemas sin acudir a la violencia. Si bien la dimensión del trabajo es grande, no se debe descuidar.

Finalmente, aspiramos infundir entre todos y todas una cultura diferente a la del uso de las armas y que así se encamine el país poco a poco en un escenario donde sea posible trabajar por los derechos humanos, la paz y exigir y cumplimiento de los derechos de protección social y política sin ningún tipo de amenaza.

 

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